La entrada en vigor en marzo de 2025 en Italia de la llamada Ley Meloni -Decreto de Seguridad- reavivó un debate ineludible para Colombia: ¿Hasta dónde debe llegar el Estado en el ejercicio de su autoridad para garantizar el orden y proteger a los ciudadanos?

Se ha difundido la idea, equivocada hasta los tuétanos, de que el ejercicio firme de la autoridad resulta incompatible con el respeto por los derechos humanos. Ocurre exactamente lo contrario. En un Estado de Derecho, la autoridad legítima constituye la garantía de las libertades ciudadanas. Cuando el Estado deja de hacer cumplir la ley, no se amplía el ámbito de la libertad; se consolida el poder de los violentos.

Colombia conoce bien las consecuencias de esa renuncia. Durante el llamado estallido social de 2021, instrumentalizado y convertido en bandera política por quienes después llegarían al poder, el Estado respondió con una vacilación que erosionó el principio de autoridad. Mientras se confundía deliberadamente la protesta pacífica con la violencia organizada, los bloqueos........

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