Los últimos acontecimientos sobre el salario mínimo han conducido a una confusión máxima. Se han mezclado asuntos jurisprudenciales, reuniones de concertación entre sindicatos y empresarios, y, claro, una nueva intervención televisada del presidente de la República el pasado domingo.

Lo que está mostrando toda esta infortunada coctelera de asuntos es que hace falta apremiante una ley que reglamente cómo se prepara el salario mínimo anual en Colombia.

Un ejemplo basta para ilustrar esta ausencia de regulación normativa: pocos días antes de que concluyeran las anteriores reuniones del comité de concertación cada quien iba anunciando a los medios lo que tenía en mente: los empresarios hablaron del 7%, los sindicatos del 16% y el gobierno resultó imponiendo un incremento del 23.7%, que en realidad vino a ser un ajuste de cerca del 500% de la inflación registrada en 2025.

El Consejo de Estado, cuando decretó la suspensión provisional, descubrió fallas metodológicas en la manera como el gobierno había calculado el salario mínimo vital para el 2026. El gobierno a su turno (en la intervención televisada) señaló también fallas y omisiones en el raciocinio del Consejo de Estado. Más allá de todo este enredijo jurídico lo que es evidente es que el tema del salario mínimo se quiere utilizar para fines políticos, ahora cuando estamos en vísperas de las elecciones parlamentarias. Nada más provechoso para el gobierno que decir o sugerir que los empresarios quieren fijar un salario mínimo “codicioso” y allí radica la réplica al Consejo de Estado.

El gobierno saca a relucir ahora el concepto del “salario vital” que, según él, había sido mencionado en jurisprudencia anterior de la Corte Constitucional pero que en la providencia del Consejo de Estado no se mencionó. Como tampoco se mencionó en ninguno de los decretos expedidos por el gobierno Petro fijando los salarios mínimos para el 2003, 2004 y 2005. El salario mínimo vital (si por tal se entiende el necesario para una familia de cuatro miembros de los estratos más desfavorecidos de la sociedad) obviamente no se alcanza con el salario mínimo tradicional. Pero si ahora se va a implantar, debería haber al menos un ordenamiento y unas pautas legales más precisas de aquellas de que se dispone.

Como se ha ilustrado en estos días hasta la saciedad, el salario mínimo apenas lo reciben 2.8 millones de colombianos. Mientras que cerca de 10 millones de trabajadores que deberían estar recibiéndolo, no lo reciben. Es el reflejo en las relaciones laborales del país de la abrumadora informalidad que las rigen, las cuales, con una fijación a partir del 2026 del 500% con relación a la inflación del 2025, en vez de moderarse va a atizar. De manera que cuando dentro de un año el Dane informe cuántos colombianos no están recibiendo salario mínimo, debiéndolo recibir, la cifra será sin duda mayor que la actual.

Esta enredada discusión sobre el salario mínimo en vez de aclarar las cosas las va a oscurecer y, sin duda favorecerá la inflación, la informalidad y desmejorará la lucha contra la inflación.

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