Hay una línea clara que no debería cruzarse nunca. La que separa la responsabilidad del cargo y del servidor público, de la conveniencia personal. Sin embargo, presenciamos con horror técnico cómo algunos funcionarios en lugar de honrar la obligación legal de su rol y la dignidad de sus responsabilidades, se han dedicado a construir narrativas de victimización para justificar lo injustificable. Lo grave no es solo la falta irresponsable; es que el espectáculo del mártir les está funcionando electoralmente.

El problema no es la estructura del Estado, sino el desprecio por ella. Cuando quien ostenta una función pública decide actuar por fuera del marco normativo, no está siendo valiente ni disruptivo: está siendo un infractor. En Colombia, el marco no es una sugerencia, es el alma de la República. La Constitución Política es ese pacto que han jurado defender con la mano en el pecho, pero del que en su cotidianidad distan profundamente de cumplir.

El Artículo 6, sobre el principio de responsabilidad legal, nos recuerda que los servidores públicos no solo responden por infringir la ley, sino por omisión o extralimitación de funciones. No hacer lo que se debe es tan grave como hacer lo que está prohibido. Por su parte, el Artículo 121 es el muro contra los abusos de poder al dictar que ninguna autoridad ejercerá funciones distintas a las atribuidas. No los cumplen y, a pesar de ello, incitan permanentemente a convocar una asamblea constituyente para modificar lo que ni siquiera respetan.

La norma magna es la base de nuestra dignidad nacional. Por eso, que un funcionario pretenda interpretar la ley según su conveniencia política no es una muestra de liderazgo, es un escupitajo al contrato social. Lo ocurrido recientemente con el Banco de la República es un hecho que, aunque no sorprende ya, no deja de ser funesto. El ataque a su autonomía y a la independencia de su rol constitucional, motivado por la rabieta de no lograr un consenso acomodado sobre las tasas de interés, es otro ejemplo de esta degradación. Se descalifica, se señala y se reclama venganza política contra una entidad protegida constitucionalmente, simplemente porque su rigor técnico estorba al capricho del gobernante. Se precipitan a pordebajear la institucionalidad monetaria para alimentar un relato de barricada. Se les está volviendo rentable incumplir, irrespetar y soslayar las instituciones, y a las personas a pesar de ser expertas, respetables y probas.

Y que nadie se sienta a salvo del ego mal llevado. Este desprecio por el rol se extiende a esos personajes, tanto en lo público como en lo privado, que mal influenciados por la necesidad de figurar y mantener el poder, deciden que las reglas del juego son para los demás. Normalizan el arte de aparentar cumplimiento para alimentar la vitrina, sosteniendo una narrativa de ganadores guiada por la vanidad más que por el conocimiento, la responsabilidad y los resultados.

Ejercer un rol implica una carga ética que no es relativa. El poder no se otorgó para satisfacer el ego del mandatario de turno, sino para dar orden y reglas claras a los ciudadanos. Cuando un servidor público se salta la Constitución, no es un rebelde; es un traidor a su juramento. Mientras este desmadre ocurre, los organismos de control parecen sumidos en un sueño profundo. Es una bofetada al contribuyente que entidades con presupuestos de cientos de miles de millones de pesos, diseñadas para ser los guardianes de la ley, se comporten lentas y mudas. Mientras el país se desangra en irregularidades, estas instituciones se limitan a la burocracia del trámite eterno, permitiendo que la impunidad se siga normalizando. No es falta de recursos, es falta de voluntad o, peor aún, ¿será exceso de complicidad?

Hoy más que nunca necesitamos recuperar una idea básica. La Constitución se respeta porque ella es la que nos protege de los caprichos de los poderosos. El poder no es para hacer lo que uno quiere, sino para hacer lo que corresponde. Lo demás no es liderazgo. Es un abuso.

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