En el Chile moderno, la delincuencia de cuello y corbata se soluciona devolviendo la plata en cómodas cuotas o con clases de ética, pero la mala educación de las clases populares se paga perdiendo el derecho a envejecer o a estudiar.

Por fin la primera Cuenta Pública nos trajo la brújula moral que tanto andábamos buscando. El anuncio del nuevo Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades es, sin duda, una genialidad de la ingeniería social. Al fin el Estado ha comprendido que el gran motor de la delincuencia en Chile no son las sofisticadas mafias del crimen organizado –esas que se infiltran silenciosamente en la banca, lavando cientos de millones a través de criptomonedas, como nos enteramos esta misma semana–, sino esa horda de peligrosos antisociales dedicados al rayado de muros, al consumo callejero y a pernoctar en la vía pública.

La letra chica del proyecto es notable en su simetría: si cometes una “incivilidad”, la sanción es perder los beneficios estatales, tales como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU). Es una fórmula perfecta de justicia selectiva. Si un joven de Vitacura es sorprendido........

© el mostrador