El costo de la sobreideología terminaremos pagándolo todos, sin distinción. Acá se trata de sectores productivos, productos y regiones con nombre propio que sufrirán con desactivación y desempleo una mala política exterior del Gobierno de Chile.

Hace pocos días Estados Unidos confirmó un arancel de 12,5% sobre las exportaciones chilenas y conviene ser precisos, porque el gobierno ya procura ampararse en la imprecisión ajena.

La medida alcanza a unas 60 economías, se funda en la Sección 301 y no afirma que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso. Nada de ello está en discusión. Lo que sí corresponde examinar es que la mayoría de los países afectados quedó comprendida en el tramo de 10% (Canadá, México, Argentina, el Reino Unido); gobiernos de todo signo, con actitudes hacia Washington que van desde la confrontación declarada hasta la afinidad más entusiasta, mientras Chile quedó situado en el tramo superior.

Nadie razonable habría exigido a este gobierno impedir una política comercial norteamericana de alcance global. Sí cabe exigirle cuentas de algo considerablemente más simple. Durante meses se nos explicó que la proximidad con la actual administración estadounidense constituía un activo nacional, que existía sintonía y confianza, que se trataba de un vínculo de naturaleza distinta.

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