La Resolución N°2 abrió una puerta que llevaba años cerrada. Reconocer la proporcionalidad en la norma era la parte difícil y ya está hecha.

Este 1° de julio entró en vigencia la Resolución N°2 de la Contraloría General de la República, que reemplaza a la norma que rigió la rendición de cuentas públicas por más de una década.

Entre sus novedades hay una que pasó casi inadvertida y que, para quienes trabajamos con organizaciones sociales, es la más importante: por primera vez la proporcionalidad queda consagrada como un atributo de la rendición. Es una buena noticia. Pero la letra de la norma, por sí sola, no cruza el portón de una sede vecinal.

Conviene explicar qué cambió. La nueva resolución establece que la rendición debe guardar relación con el costo real de lo que se revisa —eso dice, en simple, su artículo 6°—. Y aterriza esa idea en dos mecanismos concretos: los receptores privados de transferencias por montos iguales o inferiores a 500 UTM pueden presentar sus informes con firma electrónica simple, y las entidades que otorgan esos recursos pueden autorizar, fundadamente, que la rendición se haga fuera del SISREC, la plataforma electrónica oficial.

Quinientas UTM equivalen hoy a unos 35,8 millones de pesos. Las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor y las agrupaciones culturales con las que........

© el mostrador