Esta discusión también debiera interesar especialmente a la izquierda. Durante demasiado tiempo una parte de ella trató la seguridad con distancia, como si hablar de autoridad implicara abandonar sus convicciones sociales. Es una falsa disyuntiva.

Durante demasiado tiempo Chile ha discutido la seguridad al ritmo de las urgencias coyunturales. Un homicidio especialmente brutal, una nueva modalidad delictual, una crisis en la frontera, un episodio de violencia que conmueve a la opinión pública y, casi de inmediato, se abre paso alguna respuesta ad hoc: más penas, nuevas atribuciones, mayores recursos, otra ley, otro plan.

Muchas de esas medidas son necesarias, claro que sí, el problema reside en la acumulación de respuestas que termina ocupando el lugar que debería corresponder a una estrategia. Que no existe.

El país ha avanzado en medidas de seguridad en los últimos años, sería injusto desconocerlo. La creación del Ministerio de Seguridad Pública mediante la Ley 21.730 significó un cambio institucional importante, y la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 estableció por primera vez en mucho tiempo un horizonte de seis años para ordenar objetivos, coordinación y evaluación. La propia ley dispone que esta política debe fijar las orientaciones y objetivos estratégicos del Estado en seguridad y ser aprobada cada seis años.

Con todo, permanece pendiente una cuestión más amplia: avanzar hacia una verdadera política criminal de Estado. El término puede sonar académico, aunque la idea es bastante aterrizable en las políticas públicas.

En las ciencias penales y sociales, criminal policy alude al conjunto de decisiones mediante las cuales una sociedad organizada enfrenta el delito. No empieza con el carabinero que detiene ni termina con el juez que dicta una sentencia mayor. Comprende la prevención, la persecución penal, las........

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