La desigualdad, la desconfianza y una polarización persistente no producen por sí mismas una regresión democrática. Pueden, sin embargo, facilitar la tarea de quien algún día decida erosionarla. La prevención democrática comienza antes de que aparezca la erosión.

Acabamos de terminar la lectura de Los regresores. Líderes que erosionan sus propias democracias, de Susan C. Stokes, publicado en español por Galaxia Gutenberg. El libro tiene una virtud especialmente valiosa para la discusión actual sobre la democracia. Obliga a distinguir entre las condiciones que pueden volver vulnerable a un régimen democrático y la erosión efectiva de sus instituciones.

Esa diferencia resulta útil para observar a Chile. El informe 2026 de Varieties of Democracy, construido con datos de 2025, continúa clasificando al país como una democracia liberal y lo sitúa en el lugar 16 de su Índice de Democracia Liberal. El World Justice Project, en su medición de 2025, ubica a Chile en el puesto 35 entre 143 países y cuarto entre 32 países de América Latina y el Caribe en Estado de derecho. El puntaje chileno retrocedió levemente, pero el informe señala que el debilitamiento de los contrapesos al poder gubernamental observado en numerosos países no se produjo en Chile.

Estos antecedentes ayudan a poner en perspectiva un debate chileno reciente sobre el supuesto carácter iliberal del Gobierno de José Antonio Kast. Algunas iniciativas merecen un examen riguroso. La propuesta de crear un nuevo Estado de Excepción que pudiera extenderse durante ocho meses sin autorización del Congreso, por ejemplo, generó reparos en la oposición y también dentro del oficialismo. El proyecto está sometido a deliberación legislativa y el Presidente ha señalado que puede ser modificado.

Cuestionar medidas de esa naturaleza forma parte del funcionamiento normal de una democracia. Convertirlas anticipadamente en prueba de una regresión democrática exige un estándar de evidencia bastante mayor.

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