La protección de un niño, niña o adolescente no puede depender de para cuánto le alcance a una institución. Mientras el estándar se ajuste al Presupuesto y no a las necesidades reales de cuidado, el Estado seguirá exigiendo en el papel un cuidado que en la práctica no financia.

Imaginemos una noche cualquiera en una residencia de protección. Hay más niñas que camas, porque un tribunal ordenó un ingreso aunque no había cupo. La educadora de turno, sola con todas, tiene que decidir a quién atiende primero. No es una escena excepcional, sino lo que ocurre cuando un sistema de cuidado funciona por encima de su capacidad.

Según el Poder Judicial, el porcentaje de residencias con sobreocupación de niños, niñas y adolescentes pasó de 21% en 2020 a casi 50% en el segundo semestre de 2024. Otro 16% estaba en su capacidad máxima (dos de cada tres no tenía espacio para recibir a un niño más).

Detrás hay un problema más profundo, que no es responsabilidad de un solo servicio. Los estándares de atención han avanzado más rápido que el financiamiento. El Servicio de Protección Especializada (SPE) elevó, con razón, lo que sus bases técnicas exigen en equipos y atención especializada. Sin embargo, los recursos que el Estado transfiere a los organismos colaboradores es, por ley, un “aporte”........

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