Chile necesita decidir, de una vez por todas, si seguirá reaccionando ante los errores del pasado o si está dispuesto a construir una gobernanza costera que proteja a las personas, los ecosistemas y el futuro del país.

La reciente aprobación del anteproyecto Punta Mar por parte del Concejo Municipal de Concón, a comienzos de diciembre pasado, marca un punto de inflexión en un conflicto que se arrastra por casi 15 años. Sin embargo, lejos de representar una solución ejemplar, este caso vuelve a evidenciar una de las mayores falencias de la política pública chilena: la incapacidad del Estado para proteger de manera efectiva su zona costera frente a proyectos que nunca debieron construirse. 

El edificio emplazado sobre el peñón costero de Punta Piqueros –concebido originalmente como un hotel– fue levantado a partir de un permiso de edificación otorgado en 2011 y posteriormente invalidado por la Corte Suprema, tras una acción impulsada por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Luego de muchos debates y cambios en las acciones judiciales, en enero del año pasado, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso........

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