Chile puede seguir siendo un país abierto, pero con una institucionalidad capaz de proteger lo esencial sin caer en paranoia ni en eslóganes.

Durante décadas, Chile trató la inversión extranjera directa como un bien casi automático. Y en gran medida lo fue. Trajo capital, tecnología, empleo, redes comerciales. La apertura se volvió parte de nuestra identidad económica. El problema es que ese mundo, el de las certezas de los noventa, quedó atrás. Hoy la pregunta no es si queremos inversión, sino si contamos con un mecanismo institucional capaz de distinguir entre inversión valiosa y operaciones que, por su naturaleza, su ámbito o su contexto, pueden implicar riesgos estratégicos.

Ese mecanismo existe y se conoce como screening de inversiones. No es un eslogan ni una bandera ideológica. Es un procedimiento acotado para evaluar adquisiciones o participaciones en sectores sensibles cuando hay señales razonables de riesgo para la seguridad nacional, el orden público o el funcionamiento de servicios esenciales. Bien diseñado, no significa cerrar la puerta ni instalar una sospecha generalizada sobre el capital extranjero. Al revés, reemplaza la improvisación y el ruido por reglas, plazos y criterios predecibles.

Este debate no es nuevo. Muchos lo venimos planteando desde hace años, precisamente para evitar que Chile discuta estos temas a golpes de titulares cada vez que aparece una operación polémica. Lo hemos visto en recursos estratégicos, infraestructura crítica, telecomunicaciones y activos ligados a datos sensibles.

En esas ocasiones, el país suele reaccionar con la caja de herramientas equivocada. A falta de un instrumento propio, se........

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