Todos estos casos dejan una estela amarga: en Chile, al consumidor le queda esperar en una larga fila, costosa en tiempo y recursos, con pocas posibilidades reales de éxito y, en definitiva, sin una verdadera protección.

Como es de público conocimiento, el 5 de junio la cadena de gimnasios Energy Fitness comunicó el cierre de sus operaciones en medio de un procedimiento concursal seguido ante el 9° Juzgado Civil de Santiago.

La empresa informó que presentaría una solicitud de liquidación, mientras ya existía una acción judicial del banco BCI destinada a que se declarara el incumplimiento de su acuerdo de reorganización concursal.

Según se ha informado, dicho acuerdo había sido aprobado en junio de 2025 y modificado en enero de 2026, en un contexto de obligaciones impagas y severas dificultades financieras.

El problema de fondo no radica en que una empresa entre en insolvencia. Las empresas pueden fracasar en sus proyectos, enfrentar cambios en su estructura de costos y terminar saliendo del mercado. Lo jurídicamente relevante —y socialmente intolerable— es que, mientras la continuidad operacional estaba seriamente comprometida, los consumidores siguieron contratando planes pocos días antes del aviso de cierre con la legítima expectativa de recibir un servicio que incluyera el acceso y uso de las instalaciones del gimnasio durante meses o incluso un año........

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