El Congreso no puede terminar por sí solo el conflicto armado interno, pero sí puede abrir una vía legal para que determinadas estructuras dejen las armas, entreguen información y bienes, comparezcan ante los jueces y permitan recuperar territorios. Esa posibilidad está en el proyecto de ley de sometimiento, o de acogimiento, como lo llamaba el proyecto que lo antecedió.

El 4 de noviembre vence la prórroga de la Ley 418 de 1997 fijada por la Ley 2272 de 2022, y la urgencia no debería convertir el debate en una carrera. Mi crítica no es que los beneficios sean excesivos, premisa que no comparto, sino que el proyecto toma de la justicia transicional sus fines y sus condiciones, los paga con los instrumentos de la justicia premial y deja sin resolver lo que decide si una estructura armada se desarma de verdad, a quién se dirige, con qué certeza, con qué voz de las víctimas y con qué recursos. El trámite va de afán. El viernes 30 de octubre, la plenaria del Senado aprobó la ponencia favorable del Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado, 433 de 2026 Cámara, por cuarenta y ocho votos contra cinco, negó la proposición de archivo y empezó a votar el articulado, que retomará el martes 3 de noviembre. El Gobierno ha fijado su tesis sin ambigüedad. El entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo en el primer debate que «aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías», el ministro de Justicia sostuvo en el foro de la Comisión Primera del Senado que «este proyecto no beneficia a nadie» y el articulado repite en tres artículos que el mecanismo no implica reconocimiento político. Todo eso es cierto y, a mi juicio, no responde la pregunta que importa: qué ofrece el Estado, a quién, bajo qué condiciones y con qué garantías. La pregunta tiene historia. El Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal examinó en noviembre de 2017 el Proyecto de Ley 119 de 2017 Senado, presentado por la senadora Paola Holguín, hoy ministra de Cultura, y el Consejo lo objetó en su Concepto 11.2018 porque su artículo de penas alternativas «es un planteamiento de justicia transicional», «cuando de lo que se trata en el proyecto de ley es de sometimiento y acogimiento en el marco de la justicia ordinaria». Ese concepto no decide qué es el proyecto de 2026, pero dejó una pregunta sin responder, la de si basta cambiarle el nombre a un mecanismo para que dejen de exigírsele las garantías que acompañan a su contenido. Conviene responderla antes de que lo haga la Corte Constitucional. Empiezo por descartar la crítica que no comparto. El proyecto no plantea una amnistía general sino reducciones condicionadas dentro de un proceso judicial, mediante acuerdos entre la Fiscalía y el procesado que obligan al juez salvo que violen garantías, es decir, la justicia premial que el Código de Procedimiento Penal conoce desde 2004 en su artículo 351. La rebaja de hasta el cincuenta por ciento y, para quienes ejercieron mando, de hasta el treinta por ciento con un mínimo de diez años, no se puede juzgar por el porcentaje aislado. La Ley 1908 de 2018 ya permite rebajar hasta el cincuenta por ciento a quien se acoge a la justicia, y la pena alternativa de Justicia y Paz, de cinco a ocho años por delitos atroces, fue bastante más generosa que un treinta por ciento con piso de diez años. Importan los delitos, la pena individual, las condiciones de acceso y el cumplimiento efectivo. La pregunta es si el intercambio puede inducir la dejación real de las armas y el desmantelamiento de la estructura, no si toda reducción significa impunidad. La historia colombiana muestra que no existe una fórmula única. Un estudio de Triana-E, Grace y Wulkan ordena la experiencia en tres tramos: los programas de reinserción y amnistía entre 1984 y 2002, el proceso con las autodefensas entre 2003 y 2015 y la reincorporación asociada al acuerdo de 2016, y advierten que cada etapa respondió a actores y contextos distintos. La Ley 975 de 2005 creó un modelo especial dentro de la jurisdicción ordinaria. Las Salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores fijaban la pena «de acuerdo con las reglas del Código Penal» y, cumplidas las condiciones, imponían una pena alternativa «por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años»; la Corte, en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, distinguió ese beneficio de una amnistía y exigió que la paz no anulara los derechos de las víctimas. La Ley 1424 de 2010 creó una ruta más acotada para los desmovilizados rasos, declaró que su objeto se cumplía «dentro del marco de justicia transicional» y los dejó en manos de jueces ordinarios; la C-771 del 13 de octubre de 2011, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, reiteró que el Estado debía investigar y juzgar y que la paz no es razón suficiente para sacrificar cualquier derecho de las víctimas. El Acto Legislativo 01 de 2012 fijó después el marco constitucional de los........

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