El discurso del Gobierno frente a la migración irregular ha terminado convirtiéndose en una peligrosa narrativa de victimización. Cada vez que un colombiano es deportado por haber ingresado ilegalmente a otro país, el Ejecutivo reacciona como si el problema fuera la aplicación de la ley y no su incumplimiento. El mensaje que transmite es profundamente equivocado: que las normas migratorias son opcionales y que quien decide violarlas merece ser presentado como víctima.

Ese relato no solo distorsiona la realidad, sino que también puede terminar costando vidas. Lo primero que debemos hacer es distinguir situaciones completamente diferentes. No es lo mismo quien se ve obligado a abandonar su país por un conflicto armado, una persecución o una amenaza real contra su vida. El derecho internacional reconoce mecanismos de protección para esas personas. Muy distinto es el caso de quien decide emigrar por otras razones e ingresar o permanecer en otro país incumpliendo sus leyes migratorias. Confundir ambos escenarios no ayuda a nadie; al contrario, desdibuja la protección que merecen quienes realmente la necesitan y normaliza la idea de que violar las leyes migratorias carece de consecuencias. Las leyes existen para cumplirse. Quien decide ingresar irregularmente a otro país sabe —o debería saber— a qué se expone. La deportación es la consecuencia prevista por la legislación del país al que intentó entrar. Punto. Defender ese principio no........

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