Los reclamos recientes contra el Presidente Gabriel Boric tienen elementos de justicia y otros propios de las odiosidades políticas. Las protestas en Rapa Nui y las críticas por el bono obtenido en su sueldo de diciembre son ilustrativas al respecto.

Lo que ocurre actualmente en Chile tiene su correlato en otros países. En Perú, por ejemplo, se produjo un nuevo cambio de gobierno, ante la caída de José Jerí, quien ha sido reemplazado por José María Balcázar. El problema no es ese, sino que en este siglo sólo tres personas han terminado su periodo de cinco años: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Desde 2016 hasta ahora, Perú ha tenido ocho presidentes en apenas diez años, lo que da una impresión de crisis e inestabilidad, aunque los cambios se han producido de acuerdo con la Constitución de ese país.

Asimismo se pueden ver los casos de España y Argentina, en diferentes planos. En el país europeo hay una discusión muy profunda sobre el gobierno del Presidente Pedro Sánchez, así como hay especulaciones sobre un eventual adelanto de las elecciones previstas para el 2027. En parte es así por la discusión política, pero también porque el régimen parlamentario español permite adelantar elecciones. En el caso argentino, el Presidente Javier Milei decidió reducir los ministerios, y ello es posible porque en el país vecino no es necesaria una ley al respecto, sino que puede ser una decisión administrativa del Ejecutivo. En otras palabras, es preciso entender la doble lógica política e institucional de los avances en una u otra dirección, así como es necesario entender que los gobiernos cambian de distintas maneras y en diferentes tiempos, según lo establezcan las constituciones y leyes de los respectivos estados. Bajo esa perspectiva debemos analizar el momento que vive Chile en la actualidad y las resoluciones que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric en sus días finales. 

En esa línea podemos considerar los bonos a los funcionarios públicos -incluido el Presidente de la República-, los viajes del gobernante e incluso las normas o nombramientos “de amarre”. Algunas de estas decisiones son discutibles e incluso pueden parecer inconvenientes, poco estéticas o impresentables políticamente. Y eso, para la discusión política, puede ser interesante de debatir. El problema institucional que debemos resolver es otro: si consideramos buenas esas acciones o prerrogativas, si es correcto que el gobierno designe personas afectando al siguiente Presidente, o si están bien utilizados los recursos públicos gastados en suplementos de sueldos. Entre otras razones, porque Chile necesita definir ciertos criterios de acción más eficientes para el Estado y menos onerosos para las personas comunes y corrientes. En el contexto internacional el país tiene prestigio y reconocimiento, especialmente a nivel latinoamericano. Sin embargo, no hay que olvidar dos cosas muy importantes. La primera es que en 2019 se produjo en la sociedad chilena un gran movimiento político y social, de carácter revolucionario o al menos transformador, que planteó un cambio radical de la institucionalidad política y económico-social, que derivó en un proceso constituyente inédito y de consecuencias imprevisibles. La segunda es que en los últimos meses se ha instalado el discurso de que Chile se cae a pedazos, con un gran esfuerzo comunicacional del gobierno para desmontar esa tesis: los rebeldes de ayer ahora defienden la institucionalidad y sus virtudes, además de sus propios logros. En los dos casos hay algo en común: Chile está o estuvo muy mal y dicha afirmación -que muestra la existencia de una crisis- es verosímil.

El problema no solo es político, sino también institucional. Si nos parece que está mal que el Presidente de la República reciba un bono por su trabajo, tenemos algunas alternativas. Una es que los gobernantes y otras autoridades estén excluidas de dicho beneficio; otra es poner exigencias más altas para muchos de los bonos que otorga el Estado: por ejemplo, podrían considerarse temas como reducir el gasto público, disminuir sustancialmente las listas de espera en los hospitales, mejorar los aprendizajes en la educación y enfrentar con éxito el déficit habitacional. Es decir, hay una serie de desafíos que, de ser asumidos y logrados, serían un gran aporte al progreso social de Chile, y sin duda también podrían ser dignos de reconocimiento político e incluso de un premio económico.

Sería bueno contar con alguna información complementaria para analizar bien los temas. Por ejemplo saber cuántos presidentes han obtenido el mismo bono que Gabriel Boric; conocer cuántos funcionarios públicos y en qué instituciones no han logrado los bonos por mejoramiento de gestión, llamados PMG (existe la sensación de que todos logran dichos premios o que se parecen más a un sueldo adicional que a un bono propiamente tal). En otro plano sería bueno realizar algunas modificaciones, en temas polémicos y sensibles como el nombramiento de notarios y conservadores de bienes raíces. Por ejemplo, podría establecerse una norma como la que sigue: si es designada una persona en esos cargos -notario o conservador-, cesará en su cargo quien tenga parentesco en tercer o cuarto grado y que forme parte del Congreso Nacional, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones o que sea notario o conservador.

Entiendo la molestia por las leyes de amarre, pero podría tener una fórmula de solución: la prohibición de presentar proyectos de ley en periodo de campaña (más aún si se les pone urgencia) y la prohibición de fallar concursos para designar funcionarios en los ministerios y en otros lugares después de la primera vuelta presidencial. En otras palabras, se trata de resolver institucionalmente lo que hoy es resorte de la política, la opinología o la buena voluntad de quien gobierna. Y así se podrían ver muchos ejemplos más, en designaciones de embajadores, nombramientos en el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional y en otras instancias que generan legítimas dudas y nos hacen pensar en la necesidad de cambios de fondo y no meras críticas de ocasión.

Después de todo, Chile no se cae a pedazos, tal y como en 2019 no había enfrentado décadas de estancamiento o injusticia sistémica. Sin embargo, la discusión politizada no ayuda y es preciso llevar los cambios hacia el plano de las instituciones, cuya calidad es motor de progreso o de descomposición en una sociedad.

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