Mientras tanto, el servicio de la deuda llegará a $147 billones, 1,6 veces los recursos destinados a inversión. De cada $100 que aumenta el presupuesto frente al aprobado para 2026, $53 corresponden a deuda. Esto significa menos margen para financiar colegios, hospitales y acueductos. Si no corregimos esa trayectoria, las obligaciones del presente terminarán hipotecando las prioridades del futuro. 

El Gobierno prometió reducir el gasto público, pero todavía no ha explicado dónde ni cómo lo hará. Tampoco ha presentado la anunciada ley de Rescate. Aprobar el presupuesto y confiar en que después aparecerán los ahorros no constituye una política fiscal responsable. El Congreso y el país necesitan compromisos verificables.

El Centro Democrático radicó el 16 de septiembre, hace ya un mes, un proyecto ofreciéndole al Presidente facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y corregir un problema estructural. Hasta ahora, el Gobierno no las ha acogido ni se ha........

© El Informador