Con su interpretación errada del DIH, se convertirían los campamentos narcoterroristas en santuarios infranqueables. Hay que decírselo con absoluta claridad al país: la responsabilidad jurídica, moral y política de la muerte o lesiones de menores de edad en un bombardeo legítimo recae de manera exclusiva en los criminales que los reclutan. El reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra atroz, y utilizarlos como escudos humanos es una flagrante infracción al DIH cometida por los bandidos, no por las tropas de la República. Pretender que el Estado suspenda el uso legítimo de la fuerza aérea cada vez que los cabecillas meten menores a sus guaridas es, textualmente, otorgarles una patente de corso para delinquir con total impunidad.

Las bases y campamentos de los grupos armados organizados son objetivos militares por su naturaleza, finalidad y utilización, porque su destrucción ofrece una ventaja militar definida. Respecto de las personas, la norma........

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