Durante décadas, el contrato de aprendizaje fue concebido como un instrumento de transición entre la academia y la empresa. Nunca pretendió reemplazar un contrato laboral ordinario ni convertirse en una forma de abaratar la mano de obra. Su finalidad era otra: permitir que el estudiante adquiriera experiencia en un escenario real de trabajo mientras culminaba su proceso de formación. No era una concesión del empleador; era una apuesta conjunta entre el Estado, las instituciones educativas y el sector productivo para formar el talento que el país necesitaba.

Sin embargo, la reforma laboral decidió modificar profundamente esa lógica. Al aproximar el contrato de aprendizaje a una relación laboral tradicional, incrementó las cargas económicas y jurídicas para las empresas. La intención era legítima: fortalecer la protección del aprendiz. Pero el Derecho tiene una característica que demasiadas veces se olvida en el Congreso: las normas producen incentivos. Y cuando esos incentivos son equivocados, las consecuencias terminan siendo exactamente las opuestas a las........

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