Cepeda exigió que Petro no fuera extraditado, que Abelardo renunciara a su nacionalidad estadounidense y que explicara supuestos vínculos con agencias de inteligencia. Ninguna de estas pretensiones tiene sustento jurídico. La extradición es un proceso judicial, no un arma política. Requiere evidencia suficiente, concepto de la Corte Suprema y, solo al final, decisión presidencial. Si algún ciudadano —incluido Petro o cualquier otro actor político— llegara a ser solicitado en extradición, sería porque existe evidencia que justifica llevarlo a juicio. Punto. Convertir ese mecanismo en un chantaje político es desconocer la ley y subestimar la inteligencia del país.

Pero lo más revelador no fue la ignorancia jurídica, sino la amenaza de desobediencia civil. Cepeda habla como si la izquierda aún fuera dueña de la calle. No lo es. Y ellos lo saben.

La campaña de Abelardo rompió el molde de la........

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