El país sigue funcionando bajo un centralismo cómodo. Las grandes decisiones se toman en Bogotá; sin embargo, la ejecución, muchas veces precaria, recae en departamentos y municipios que carecen de suficiente músculo fiscal y técnico. Cuando los resultados no llegan, la responsabilidad se diluye entre niveles centrales del gobierno.

La Carta Política es clara: el artículo 287 reconoce a las entidades territoriales el derecho a gobernarse por autoridades propias, administrar recursos y participar en las rentas nacionales. El 298, por su parte, otorga autonomía a los departamentos para planificar su desarrollo, y el 311 define al municipio como la entidad fundamental encargada de prestar servicios y ordenar su territorio. En el papel, la arquitectura es descentralizada, pero la realidad es otra: la dependencia........

© El Informador