La crisis que vivimos es el resultado de decisiones políticas erradas. Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia venezolana necesita alrededor de 645 dólares mensuales para cubrir sus gastos alimenticios básicos. Es un monto que resulta inalcanzable para la mayoría. Para dimensionarlo, se requieren más de 1900 salarios mínimos para cubrir esa cifra. No se trata de una brecha, se trata de un abismo para millones. 

El resultado es una sociedad donde amplios sectores viven en condiciones de alta vulnerabilidad, enfrentando inflación, fallas en servicios básicos, el colapso del sector salud y educativo. Sobrevivir es el principal desafío diario, y eso limita cualquier posibilidad de desarrollo personal, familiar y como nación. 

Adicional a esto, los bonos que entrega el régimen no generan prestaciones, no forman parte del salario ni garantizan estabilidad. Son mecanismos transitorios, paños de agua tibia que no sustituyen una política salarial coherente ni un modelo económico sostenible.

El escenario internacional abre una ventana que no puede desaprovecharse. Las tensiones recientes en Medio Oriente han impulsado al alza los precios del petróleo, lo que, en teoría, debería traducirse en mayores ingresos para Venezuela. Esto, en conjunto a la nueva legislación en materia de hidrocarburos, que busca reactivar el sector y atraer inversión.

En esta coyuntura, el país enfrenta una prueba crucial: Venezuela no puede cometer los errores del pasado. Más ingresos no garantizan mejores resultados si se repiten los mismos errores. Nuestra historia demuestra que, pese a diversos booms petroleros, el aumento momentáneo de ingresos por exportación de crudo no es sinónimo de un desarrollo país ni mejoras a largo plazo para el ciudadano de a pie. Sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin planificación ni políticas públicas acertadas, los recursos pueden diluirse sin generar bienestar para la población.

La política pública no puede seguir siendo reactiva ni improvisada. Se requiere una estrategia clara que vincule los ingresos petroleros con objetivos concretos. Hablamos de la recuperación del salario real, inversión en servicios públicos, fortalecimiento institucional y protección social efectiva. Cada dólar que ingrese al país debe tener un destino claro y transparente.

La pregunta es sencilla: ¿Vamos a repetir los mismos errores o vamos a aprender de ellos? Porque los venezolanos no necesitan más promesas vacías, necesitan resultados. Necesitan salarios dignos, servicios que funcionen y condiciones que les permitan vivir con estabilidad. Venezuela necesita una política a la altura de este reto, capaz de mejorar la vida de la gente. Y en un país donde una familia no puede cubrir ni siquiera su alimentación básica, esa debería ser la prioridad absoluta.

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