Una “Gran Consulta Nacional” anunció el mes pasado la Presidenta encargada para atender los problemas en la administración de justicia y a los efectos creó una comisión para dirigirla. El énfasis declarado es en la justicia penal “para hacerla más rápida y humana” y “fortalecer las garantías procesales”.

La idea toca área necesarísima y como venezolano, además de profesional del Derecho, no quisiera que se quedara como el proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Justicia de 2022 encallado en primera discusión. Por cierto, en la web de la Asamblea se atribuye la iniciativa legislativa a la “Comisión Presidencial para la Revolución Judicial” que no tiene esa capacidad que en todo caso incumbiría al Poder Ejecutivo Nacional.

Lo verdaderamente importante es que esta vez no nos quedemos en las intenciones y tampoco que éstas se desvíen por otros derroteros de reacomodo político. Lo que interesa al ciudadano es el acceso a la justicia “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita” que la Constitución le promete........

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