Cuando se revisa la experiencia de la Venezuela de inicios de la democracia, la civil, la no tutelada, la que emergió tras el espíritu del 23 de enero de 1958; esa que fue la obra de unos líderes que trasvasaron la horma de quienes hasta entonces sólo aspiraban a ser diputados, bajo el régimen que fuese o que esperaban un cargo, una placa, portar un revólver y por esa vía resolverse, mal puede uno no compadecerse de los que se juntan con la dictadura narco criminal imperante en el país. Creen poder devolverle y devolvernos a los venezolanos, desde un cenáculo de hipocresías, tertulia entre el diablo y la decencia, alguna esperanza de genuina libertad.  

Entiendo y acaso deben entenderlo estos, los decentes, que han puesto todas sus carnes en el asador. Deben estar prevenidos ante lo que describe con perspicacia el periodista satírico español Mariano José de Larra (1809-1837): “En este triste país, si a un zapatero se le antoja hacer una botella y le sale mal, después ya no le dejan hacer zapatos”. Pero volvamos a lo que importa, la cuestión de nuestra dignidad.

Mientras que los regentes que toman el poder en 1958, causahabientes de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se ocupan, seriamente, de lo que les corresponde y lo sabían, como lo era atender la emergencia fiscal, las urgencias de los trabajadores afectados por la caída de los ingresos petroleros, resolver sobre la cuestión de nuestras relaciones petroleras con Estados Unidos, y serenar las ambiciones dentro de las Fuerzas Armadas, los actores políticos comprometidos con los ideales de la democracia se entienden con lo suyo, entre ellos mismos. 

Si bien tenían una clara perspectiva sobre cómo habría de enfrentarse la cuestión económica en el porvenir, lo primero y vertebral, así lo entendieron, fue realizar elecciones presidenciales y parlamentarias para atajar con la fuerza de la legitimidad, dentro de un marco culturalmente presidencialista y centralizador, la recurrente voracidad de poder del mundo castrense, venida desde la fundación de la república en 1830. No al azar había quedado en nuestra memoria, como hierro candente sobre la piel que no la deja sanar, el desencuentro entre nuestro ícono civil, el rector José María Vargas y el coronel Pedro Carujo, una suerte de Diosdado Cabello. 

A la par de estudiar a fondo el orden constitucional que habríamos de darnos los venezolanos para superar el corsé constitucional heredado del gobierno de facto e impedir que sus vicios se prorrogasen al tiempo nuevo, en tarea que debía asumir el nuevo parlamento, entendieron que era la base cierta para fortalecer la autonomía judicial y la parlamentaria. Era el odre para contener al gendarme necesario y atarlo con un verdadero balance de poderes. Eso lo comprendieron, igualmente, los civiles de la Revolución de octubre de 1945, intentando dejar atrás y bien encadenado al cesarismo democrático. Nada de esto fue obra de un sincretismo de laboratorio.

Sabían los autores del Pacto de Puntofijo, demonizado por los mismos actores con lo que se entiende la resurrecta e ilegítima asamblea de 2015, que una democracia guiada por la decencia republicana y celosamente respetuosa de la dignidad eminente de cada venezolano, mal puede surgir de una fusión artificial, deliberada y planificada entre diferentes creencias y sus élites; en vez de emerger de forma espontánea con y desde la gente, mediante la empatía y el contacto cultural recíproco y cotidianos, como fuentes insustituibles de la confianza.

He observado, pues, la aporía que descuella de la actual pretensión de formar un Tribunal Supremo de Justicia que sustituya al que ha servido de simple cagatintas del Palacio de Miraflores y desde el atalaya de una Constitución, la de 1999, que, así como declara que corresponde al Estado tutelar desarrollar la personalidad de cada venezolano (artículo 3), a la vez ordena que los jueces se ciñan, para su oficio, a la doctrina “dictatorial” de Simón Bolívar, El Libertador (artículo 1).

Decir y afirmar esto, tal como lo hago, acaso sea tachado como aullidos a la luna, por poner de lado a la realidad que hemos de trillar en este mundo, por muy cruel que sea. Así la llamaban los antiguos, mundo, que reúne a los hijos de la maldad con quienes saber discernir sobre el bien. Por lo que la política, como no pocos lo sostienen, ha de ser y es una mera administración de lo posible. Pero si así fuese, es mi convicción, la genuinidad de lo político desaparece. 

Toda acción política responsable ha de ser emancipadora ante la brutalidad, frente al poder factual y armado; ya que, no de ser así, toda........

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