Hay señales que, por pequeñas que parezcan, revelan problemas de fondo. Que un candidato presidencial pretenda condicionar su asistencia a un debate, decidiendo quién puede participar y bajo qué reglas, no es un simple desacuerdo logístico: es un síntoma preocupante de una democracia que empieza a deformarse.

En Colombia, donde la institucionalidad democrática ha sido defendida con enormes sacrificios, resulta inaceptable que se intente moldear el escenario público a conveniencia.

El debate no es propiedad de los candidatos; es un derecho de los ciudadanos. Es allí donde se contrastan ideas, se evalúan trayectorias y se mide la capacidad de liderazgo. Limitarlo o manipularlo equivale a amputar una parte esencial del proceso democrático.

La libertad de expresión no puede convertirse en una excusa para la exclusión. En un Estado de derecho, cada persona responde individualmente por lo que dice. Si hay injuria o calumnia, existen mecanismos legales para sancionarlas. Lo que no es admisible es que, bajo el argumento del riesgo reputacional, se pretenda vetar a otros actores políticos. Ese camino conduce a una democracia de micrófono selectivo, donde solo hablan quienes resultan........

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