España se asoma a una frontera nueva y resbaladiza: establecer una edad mínima para el uso de redes sociales. La medida, impulsada junto con otros países europeos, se presenta como una política de protección a menores. Pero conviene formular la pregunta incómoda: ¿protección frente a qué… y poder para quién?

Nadie discute que las redes sociales implican riesgos reales. La evidencia médica es clara: el uso excesivo de pantallas se asocia con déficit de atención, alteraciones del sueño, ansiedad, impulsividad y menor capacidad de concentración, especialmente en menores. Instituciones como la Clínica Mayo lo han documentado. El problema no es negar el daño; el problema es creer que prohibir equivale a educar.

Las tecnologías de la información no son un accesorio opcional de la vida contemporánea. Son el entorno. Pretender que niños y adolescentes crezcan al margen de pantallas, plataformas y algoritmos es tan anacrónico como imaginar una alfabetización sin libros. El acceso a dispositivos conectados al Internet ha reducido distancias, ampliado oportunidades educativas y mitigado -al menos parcialmente- el aislamiento social. También lo ha profundizado.........

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