Ángela Saucedo tenía 14 años. Murió dentro de un centro de “rehabilitación” en Santa Catarina, Nuevo León en 2020, en un lugar donde se suponía que recibiría ayuda.

La adolescente fue internada en un anexo que operaba en el segundo piso de una iglesia. 

Ahí, de acuerdo con lo documentado por su familia y organizaciones civiles como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), sufrió abusos, castigos físicos y negligencia médica. Ángela padecía diabetes tipo 1 y necesitaba insulina para sobrevivir, nunca la recibió.

Después de dos días de agonía murió por una cetoacidosis diabética que terminó en un infarto.

Pero eso no es todo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió una recomendación por los hechos. Sin embargo, la madre de la menor y la organización CADHAC denunciaron irregularidades en ese documento. Señalan que la comisión no calificó los hechos como tortura, pese a que describe violencia sexual, desnudez forzada y castigos físicos, tampoco incluye una reparación integral del daño ni garantías claras de no repetición, hubo omisiones en la recomendación contra del Ejecutivo estatal en ese momento, es decir fue una recomendación a modo la cual fue impugnada por la familia de Ángela.

El tema volvió a encenderse después de que la madre de Ángela denunció que, desde que presentó la demanda ante la Fiscalía de Nuevo León en 2020, el caso lo llevaba un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En septiembre de 2025 ese funcionario fue sustituido y el seguimiento del expediente cambió. Por ello, Dayénari Arellano, representante legal de la familia, informó que el 25 de febrero interpusieron un recurso de impugnación contra la recomendación 03/2026 de la CEDHNL, al considerar que dejó fuera agravios relevantes del caso.

Pero el problema de fondo va mucho más allá de un expediente. El caso volvió a encender un foco rojo sobre los llamados anexos, centros de rehabilitación donde miles de personas son internadas para tratar adicciones. En Nuevo León se calcula que existen alrededor de 500, de acuerdo a lo documentado por organizaciones civiles y muy  pocos cuentan con regulación sanitaria.

Muchos operan en casas adaptadas, bodegas o edificios improvisados. No hay médicos, protocolos ni supervisión permanente del Estado.

En esos espacios, el discurso de la rehabilitación convive con prácticas que en cualquier otro contexto serían consideradas privación ilegal de la libertad, maltrato o tortura.

Dos personas fueron vinculadas a proceso por feminicidio en el caso de Ángela. Podrían enfrentar penas superiores a 100 años de prisión, pero incluso si llegan las condenas, la pregunta sigue en el aire: ¿Quién vigila realmente esos lugares donde familias desesperadas depositan a sus hijos con la esperanza de salvarlos?

La complicidad de los gobiernos ha hecho que esos centros dejen de ser espacios de tratamiento.

Y se convierten en territorios sin ley.

GRUPO XCARET, EN LA TABLITA

Este jueves, la Suprema Corte analizará un tema clave para las comunidades mayas de Quintana Roo, quienes han denunciado desde 2022 un caso de probable apropiación cultural y violación del Derecho de Autor por parte del Grupo Xcaret. 

El proyecto, a cargo de la ministra María Estela Ríos, prevé revocar un amparo, que un juzgado en materia administrativa otorgó a favor de la empresa y que le permitía utilizar en su publicidad elementos culturales del pueblo maya.

La controversia fue iniciada en 2022 por el Gran Consejo Maya de Quintana Roo y argumenta el uso indebido de elementos, como el Día de Muertos, el juego de pelota o la travesía sagrada maya.

El caso cobra gran relevancia en el marco de la reforma constitucional que establece la autonomía de los pueblos indígenas para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural.

Todo apunta a que el proyecto se aprobará, de ser así el Grupo Xcaret tendrá que retirar toda publicidad referente a los elementos culturales del pueblo maya.

Nos vemos a las 8 por el 8 de TV

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