Rubén Rocha Moya regresó el viernes 21 de agosto de 2026 a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia y lo hizo proclamando que vuelve “con la frente limpia y en alto”. Dice que la investigación realizada en México no encontró elementos mínimos para atribuirle responsabilidad penal y de ahí concluye: “no he cometido ningún delito”.

El problema es que una cosa no necesariamente conduce a la otra. Que se diga que la Fiscalía General de la República no haya encontrado “hasta ahora” elementos suficientes para proceder penalmente en México no equivale a una sentencia absolutoria, ni hace desaparecer la acusación presentada el 29 de abril por fiscales federales estadounidenses ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Y aquella acusación no fue menor.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseerlos.

En el caso particular del gobernador, la fiscalía estadounidense sostiene “que integrantes de Los Chapitos habrían contribuido a la llegada de Rocha Moya al poder en 2021 mediante intimidación de adversarios y que posteriormente habrían recibido protección política”.

Las penas previstas para los cargos imputados a Rocha alcanzan prisión perpetua, con un mínimo obligatorio señalado por los fiscales estadounidenses de 40 años.

De acuerdo con la versión........

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