La democracia en México atraviesa una etapa de tensiones profundas que han puesto en duda tanto su funcionamiento como su legitimidad. A más de tres décadas del inicio de la transición democrática —marcada por la apertura electoral, la pluralidad partidista y la construcción de instituciones autónomas— el país enfrenta una paradoja: mientras el acceso al poder mediante elecciones competitivas se sostiene, la calidad de la democracia parece deteriorarse en dimensiones clave como el Estado de derecho, la rendición de cuentas, la confianza ciudadana y la eficacia gubernamental.

La presencia del narcotráfico ha incidido de forma decisiva en este deterioro, incrementando la presencia de la corrupción dada la relación entre el crimen organizado y el Estado. Internacionalmente México es evaluado como una democracia híbrida y con marcada tendencia negativa. El Índice de Democracia de la revista británica The Economist califica a México como una democracia defectuosa.

La organización Freedom House define la democracia mexicana como parcialmente libre. La Varieties of Democracy Institute (V Dem) observa a nuestros ejercicios democráticos en proceso de erosión. El World Justice Project define a México como una nación cuya democracia se encuentra entre las más bajas calificadas del mundo, en el lugar 120 de 140 países, donde 1 es el mejor y 140 es el peor.

Uno de los síntomas más evidentes de esta crisis es la erosión institucional. Durante años, México construyó un entramado de organismos autónomos diseñados para equilibrar el poder político, garantizar elecciones limpias y supervisar áreas estratégicas como la transparencia, la competencia económica y los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, estas instituciones han sido objeto de presiones políticas, recortes presupuestales y cuestionamientos discursivos que han debilitado su autoridad.

Cuando los contrapesos se perciben como obstáculos y no como garantías democráticas, el sistema pierde equilibrio y se acerca a una lógica más centralizada del poder.

El Estado de derecho muestra signos de fragilidad persistente. La impunidad sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves del país: la gran mayoría de los delitos no se investigan ni se sancionan, lo que........

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