El 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) presentó su decisión conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, de llevar a la Asamblea General de la ONU con carácter urgente la situación de las desapariciones en México, para adoptar medidas que apoyen a nuestro país a prevenir, sancionar, investigar y erradicar dichas desapariciones.

Al analizar la Convención de 45 artículos ratificada por 183 Estados, México inclusive, que entró en vigor en 2008, así como el informe del Comité, se concluye que, para quien sepa leer el lenguaje diplomático, se estaba ante la crónica de una decisión anunciada.

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