La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró el Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, mediante una reunión virtual desde Palacio Nacional con autoridades de municipios de Baja California, quienes, a nombre de sus comunidades, recibieron títulos de concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua. 

La entrega a los municipios de Mexicali, Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate puso fin a un negocio de más de 20 años que beneficiaba a concesionarios de agua para uso agrícola, quienes la revendían a los ayuntamientos para el consumo de la población. 

Lo anterior no solo fue un abuso: fue un esquema que permitió lucrar con un bien público. El agua, que es de todas y todos los mexicanos, se entregaba sin costo a intermediarios disfrazados de productores del campo, quienes la revendían a los ayuntamientos, que pagaban con recursos públicos para atender una necesidad primaria. 

En esta intermediación, los concesionarios no invertían recursos ni conducían el agua hasta los hogares; se limitaban a explotar el título de concesión. Mientras tanto, los ayuntamientos asumían el costo de administrarla, potabilizarla y distribuirla, aportando la infraestructura y el servicio. 

Este esquema implicó un alto costo para las finanzas públicas, derivado de la Ley de Aguas Nacionales vigente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que convirtió un bien esencial en mercancía y trató al agua como tal, no como un derecho. El resultado fue un esquema profundamente injusto: pagar con recursos públicos por un recurso que ya pertenecía a la nación. 

A su llegada, la Cuarta Transformación emprendió una labor de revisión y ordenamiento que culminó en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, a partir de una iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada el año pasado. 

Con esta nueva ley, el Estado mexicano recupera el control de los recursos hídricos y pone en el centro a las personas. El consumo humano, vinculado a la salud y al bienestar colectivo, se coloca en primer lugar, dejando en segundo término su uso en actividades agropecuarias e industriales, además de eliminar cualquier privilegio en favor de funcionarios corruptos y particulares sin escrúpulos. 

Con esta medida se detiene la sangría de recursos públicos, que ahora se destinarán a obras y servicios. Los municipios beneficiados atienden a cerca de cuatro millones de habitantes y se garantiza el abasto durante los próximos treinta años.

Para las y los legisladores de Morena que aprobamos esta reforma es un orgullo acompañar a nuestra Presidenta en este proceso de recuperación de lo público, que corrige las distorsiones de un régimen que hizo de cada necesidad social una oportunidad de privilegio y enriquecimiento indebido. 

Se trata de una decisión sencilla pero trascendental: dejar atrás los privilegios y recuperar lo que es de todos.

POR: LUIS FERNANDO SALAZAR

© El Heraldo de México