En este espacio hemos documentado cómo el gobierno de Samuel García convirtió el llamado Impuesto Verde en un instrumento que empresarios han señalado como una forma de presión fiscal. El gravamen nació en 2022 bajo el argumento de desincentivar la contaminación y financiar acciones ambientales, pero cuatro años después ni siquiera el Congreso tiene claridad sobre cuánto se ha recaudado y en qué se ha utilizado.

Por ello,  Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, deberá comparecer el próximo 23 de septiembre y entregar información sobre ingresos, proyectos, contratos y resultados. A ese expediente se suma el caso de Materiales Triturados Martínez (Matrimar), que denunció presuntos actos de extorsión tras inspecciones y clausuras; un asunto que llevó al Congreso local a solicitar a la FGR, de Ernestina Godoy, atraer la investigación.

Pero la asfixia hacia el empresariado de Nuevo León parece extenderse más allá de la política ambiental. Ahora las acusaciones apuntan a la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT-NL), donde empresarios denunciaron el regreso de prácticas de hostigamiento. El caso más reciente fue apenas hace unos días cuando la dependencia envió requerimientos, vía correos electrónicos, para exigir el pago del Impuesto Sobre Nómina correspondiente a julio, pese a que el vencimiento es hasta el 17 de agosto. Las presiones coinciden con la llegada de Fernando Javier Villarreal Caballero, quien asumió la titularidad del SAT-NL el pasado 4 de julio en sustitución de Carlos Contreras.

Y los correos anticipados no son el único frente. La autoridad estatal también........

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