El cierre de 2025 marcó un punto de inflexión en la política hídrica del país con la publicación de la nueva Ley General de Aguas que evidencia la presión social y económica que enfrenta el recurso y el cambio busca ordenar concesiones y reforzar el derecho al agua. Sin embargo, se abren preguntas sobre su viabilidad financiera y operativa. 

Uno de los ajustes más relevantes impide la suspensión total del suministro doméstico por falta de pago y reconoce una dimensión social innegable, al introducir tensiones en la sostenibilidad de los sistemas operadores. En muchos municipios, los ingresos por cobro de agua representan cerca de una cuarta parte de su presupuesto. Sin mecanismos eficientes de recaudación, la capacidad de ampliar cobertura y mantener infraestructura se debilita. 

En paralelo, la decisión de limitar la transferencia directa de concesiones entre particulares y concentrar su gestión en la autoridad federal apunta a recuperar el control institucional. Esta centralización busca priorizar el uso doméstico y evitar prácticas especulativas, aunque también reduce márgenes de flexibilidad ante escenarios críticos como sequías prolongadas. 

Este rediseño institucional también modifica la relación entre el sector público y el privado, al........

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