La aprobación de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) abrió un debate entre el Poder Legislativo y el Instituto Nacional Electoral (INE). La principal controversia gira en torno a la creación de un mecanismo para verificar los antecedentes de quienes aspiren a una candidatura y detectar posibles vínculos con actividades ilícitas.

Desde el primer momento, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó sus reservas. Su argumento fue que la revisión de antecedentes penales, financieros o de posibles nexos con el crimen organizado no forma parte de las atribuciones constitucionales del organismo electoral. Señaló que esas tareas corresponden a instituciones especializadas como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia........

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