En julio de 2024, el pueblo venezolano salió a las calles para protestar el fraude con que Nicolás Maduro se reeligió como presidente. En minutos, el chavismo desplegó a la policía, la Guardia Nacional Bolivariana y los “colectivos” (civiles armados) para reprimir. Hubo más de 2 mil 200 detenidos, incluyendo niños, y al menos 25 asesinatos. Ese día no faltó gasolina para las tanquetas ni presupuesto para las balas; no hubo retrasos ni contratiempos logísticos, sólo eficiencia.

Casi dos años después -con Maduro preso en Estados Unidos desde enero y Delcy Rodríguez al frente de un gobierno de transición-, esa misma estructura chavista, ese mismo ejército, quedaron paralizados, sin capacidad -y ahora se sabe, sin voluntad- para ayudar a su población tras los devastadores sismos del pasado 24 de junio. El régimen empezó a reaccionar, torpemente, apenas dos días después de la tragedia, cuando los ciudadanos, abandonados a su suerte, llevaban ya 48 horas “rescatando gente con las uñas, porque aquí no ha llegado nadie”, como reclamaron con coraje e impotencia.

Se pone peor: el gobierno ha prohibido que rescatistas y médicos ingresen a zonas de desastres, e incluso negó acceso al país a delegaciones de Alemania y Austria; a quienes distribuyen donaciones, les obligan a canalizar todo por vías oficialistas: alcaldes chavistas han prohibido........

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