Lo dicho ayer por la Jueza Katherine Polk Failla, que lleva el caso del general Gerardo Mérida en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el sentido de que existen “abundantes” pruebas y por tal razón otorgó un plazo de 60 días para procesarlas y organizarlas antes de ponerlas a disposición de la defensa del acusado, generó una crisis en Palacio Nacional que no permitió a la presidenta de la República dar una respuesta sensata y estructurada.

Lo anterior evidencia que nadie vio venir una respuesta de ese calibre cuando aquel 30 de abril de 2026 la propia presidenta se aventuró a exigir al gobierno de Estados Unidos, que junto con la solicitud de detención con fines de extradición en contra de 10 servidores y ex servidores públicos del estado de Sinaloa, entre ellos el  gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cáceres y el presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, debería haber enviado pruebas suficientes. Peor aún, en sus discurso posteriores fue subiendo el tono de sus exigencias con la frase “pruebas, pruebas, pruebas”.

De paso evidencia que no existe un grupo de alto nivel que esté manejando........

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