EN EL AFÁN de agilizar la inversión y simplificar la operación gubernamental, hay decisiones que tocan fibras más profundas del sistema institucional.

La sectorización de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, es una de ellas.

No por el cambio administrativo en sí, sino porque implica la posible erosión de un contrapeso que, aunque discreto, ha sido clave para equilibrar la relación entre ciudadanos y autoridades fiscales.

Desde 2011, la Prodecon, cuyo titular en funciones es Gilberto Camacho Botello, opera como un organismo descentralizado no sectorizado.

Esa condición es precisamente lo que le permite actuar como mediadora entre contribuyentes y entidades como el SAT de Antonio Martínez Dagnino; el IMSS de Zoé Robledo, o el Infonavit de Octavio Romero, en casos donde existen desacuerdos, quejas o posibles abusos en la aplicación de facultades fiscales.

Su papel ha sido técnico, gratuito y, sobre todo, independiente, ni del lado del contribuyente ni del Estado, sino en un punto intermedio que da certeza.

La nueva estructura plantea que al depender de una Secretaría del Gobierno Federal y, en consecuencia, de sus decisiones presupuestales y operativas, la Prodecon podría ver limitada su capacidad para cuestionar a las mismas autoridades con las que deberá coordinarse.

La........

© El Heraldo de México