Celebro que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haya dirigido su atención a las pensiones, con iniciativa de reforma constitucional incluida y ya aprobada por unanimidad. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, se advertía que el Derecho Laboral tradicional iniciaba un proceso de transformación que llevaría a la desaparición de las pensiones.

En lugar de eso, en nuestro país comenzó a hacerse cada vez más visible la existencia de pensiones millonarias o exorbitantes, que no implican a la mayoría de las personas ni a todas las instituciones, aunque no estaría de más realizar una revisión general, sin excepciones.

Pemex y CFE -y en su momento también Luz y Fuerza- deben buena parte de su situación financiera caótica, prácticamente de quiebra, a sus nóminas: tanto la de personas trabajadoras, obesa y con prestaciones excesivas, como la de personas pensionadas o jubiladas con características similares. Resulta difícil avanzar, incluso como país, con lastres tan pesados y tan injustos.

Coincido en que debe existir un límite para evitar que estos casos se repitan, pero considero fundamental concentrarse primero en las pensiones irregulares y sancionar a los involucrados, antes de generalizar.

Es un reto jurídico con posibilidades de éxito. Con una adecuada coordinación del sistema -legislativo, administrativo y judicial- pueden lograrse varios objetivos: determinar hechos continuados sin prescripción; reconocer la retroactividad; ponderar derechos adquiridos frente a actos de corrupción; verificar si se cumplieron requisitos de jubilación como edad y antigüedad; comprobar que la antigüedad corresponda al tiempo realmente trabajado, ya que a veces se “multiplica” por ficciones legales; confirmar que la persona realmente haya trabajado, pues existen aviadores que incluso se jubilaron; y revisar si hay aportaciones de la persona trabajadora en la pensión; es decir, si cotizaron, lo que exige criterios diferenciados.

En pensiones por accidente o motivos médicos debe confirmarse, además, el origen mediante valoraciones médicas, descartando redes de corrupción que pensionaban a personas jóvenes con padecimientos inventados. Hubo casos en los que se pensionó igual a integrantes de varias generaciones de una misma familia. Todo ello es detectable y difícilmente sostenible; sólo requiere voluntad.

A veces se dice, para mantenerse en la inacción, que el costo de una pensión irregular es mínimo frente a los montos de otros problemas. Sin embargo, además del valor simbólico de las acciones, que implica el mensaje que se envía, es cierto que, gota a gota, se van sumando grandes cantidades que pueden servir para atender necesidades o ahorrarse, en lugar de seguir siendo dolorosas fugas que todas y todos estamos pagando.

POR LUZ MARÍA ZARZA DELGADO

© El Heraldo de México