Rubén Rocha Moya debe enfrentar juicio político en la Cámara de Diputados, y Morena, en lugar de indignarse en comunicados de papel, debe usar su mayoría para desaforarlo. 

No hubo una carpeta de investigación que avanzara. No hubo una resolución judicial. No hubo un dictamen. Hubo teatro, el teatro de lo absurdo. Un guion en el que las instituciones aparecen en escena, dicen su línea y se retiran, mientras afuera de ese teatro de los poderosos, la gente de Sinaloa lleva casi dos años contando muertos. 

El 29 de abril de 2026, un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York desclasificó una acusación formal contra Rocha Moya y otras nueve personas: funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos un senador de la República en activo y el presidente municipal de Culiacán. Los cargos contra el gobernador son tres: conspiración para importar narcóticos desde al menos 2012, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante el tráfico de drogas, y conspiración para poseer esas armas. En conjunto suman una pena mínima de 40 años y máxima de cadena perpetua. Es la primera vez que Estados Unidos imputa formalmente a un gobernador mexicano en funciones. 

Dos días después, Rocha pidió licencia. El Congreso de Sinaloa se la otorgó y nombró gobernadora interina a su propia........

© El Heraldo de México