La conversación pública sobre la segunda ola del nearshoring suele centrarse en la oportunidad que representa la relocalización de cadenas productivas hacia América del Norte. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en atraer la inversión, sino en crear las condiciones para que esa inversión se concrete, se ejecute y permanezca en México. La primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones reafirmó el compromiso de que el país cuenta con portafolios, proyectos y voluntad política para acelerar la llegada de capital.

Durante el encuentro se presentaron portafolios de inversión equivalentes a 406,800 millones de dólares y proyectos por un valor de 2,539 millones de dólares. Con estas cifras se proyectan 1 millón 630 mil empleos para los próximos años. También se destacó que el objetivo es acelerar la inversión privada y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector productivo. Este contexto confirma que México ha logrado posicionarse como destino prioritario para el capital internacional, pero también que la competencia global por inversiones exige rapidez, certeza y condiciones habilitadoras claras. Ante este panorama, el mensaje es claro: México no necesita más fábricas, necesita una logística de clase mundial.

Entre esas condiciones, la disponibilidad de energía se perfila como un factor decisivo para la atracción de inversiones. Desde COMCE Noreste observamos día con día que la segunda ola del nearshoring está impulsando la relocalización de cadenas productivas, lo que coloca a México en una posición estratégica. Sin embargo, el propio diagnóstico del sector advierte que el estado actual del sistema energético puede limitar la capacidad del país para aprovechar plenamente esta oportunidad histórica.

De acuerdo con datos del CENACE, en 2025 cerca del 28% de las solicitudes de estudios y contratos de conexión se concentraron en el Noreste, posicionándose como la región de mayor demanda energética del país. Además, las solicitudes de conexión de nuevos centros de carga en el norte del país pasaron de representar el 25% del total nacional en 2018 a 43% en 2021. Sin embargo, este crecimiento convive con limitaciones estructurales. El 91% de los parques industriales a nivel nacional reporta dificultades para garantizar el suministro eléctrico y el 40% de estos parques enfrenta problemas de abastecimiento de gas natural, factores que inciden directamente en la competitividad y en la capacidad de atraer nuevas inversiones.

El segundo gran desafío se ubica en el ámbito aduanero y regulatorio. El comercio exterior mexicano atraviesa una reingeniería que introduce obligaciones y reduce la agilidad de los procesos de importación y exportación. En este contexto, destacan las nuevas disposiciones sobre la Manifestación de Valor, que contempla, entre otros requisitos, la transición de un esquema físico a uno electrónico centrado en la nube; una exigencia previa a la presentación del pedimento y la incorporación de contratos completos escaneados con información confidencial.

Aunque estas modificaciones se presentan como una vía para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la fiscalización de las operaciones, también representan la exposición de información confidencial y un riesgo latente para las empresas. En el COMCE Noreste resaltamos que este proceso de centralización digital de documentos estratégicos —contratos comerciales, estructuras de costos, acuerdos con proveedores y condiciones de suministro— debe venir acompañado de inversiones por parte de las autoridades pertinentes en ciberseguridad, protocolos internos de resguardo de datos y gestión de riesgos; garantizando el correcto cuidado de la información presentada.

En adición a estos retos en materia de seguridad y manejo de datos, la especificidad de las nuevas disposiciones se traduce en desafíos operativos y monetarios importantes para las propias empresas exportadoras, especialmente en materia de coordinación interna, contratación de talento y tiempos de cumplimiento.

Los datos muestran que la transición será compleja. Ante la escasez de perfiles especializados, el 95% de las empresas exportadoras ya externaliza parte de su operación de comercio exterior y supply chain. Con el nuevo esquema, las compañías han dado a conocer que en algunos casos requerirán hasta cinco colaboradores de nivel gerencial en materia aduanal, con salarios promedio de hasta 51 mil pesos mensuales. La falta de preparación no solo elevará costos y tiempos, también expondrá a las empresas sin el personal adecuado a sanciones severas: multas equivalentes al 80% o, incluso, al 120% del valor comercial de las mercancías, embargo precautorio de bienes y la posible intervención del Ministerio Público Federal.

Nuestro país tiene ante sí la oportunidad de consolidarse como el destino natural de la relocalización industrial en América del Norte. En paralelo, los 14 tratados de libre comercio que nos conectan con 50 países y los 30 acuerdos de promoción de inversiones son una clara muestra de la diversificación comercial como estrategia de crecimiento.

Los capitales están interesados, los proyectos existen y la integración regional ofrece ventajas únicas. El siguiente paso consiste en que la disponibilidad energética, la infraestructura logística y la facilitación aduanera acompañen el ritmo de los capitales. Solo así la inversión podrá traducirse en operaciones ágiles, cadenas de suministro resilientes y una mayor competitividad para las empresas que eligen al país como plataforma de producción y exportación.

POR JAVIER CENDEJAS MENESES

© El Heraldo de México