A casi un mes del derrame en el Golfo de México todavía no hay responsables, no saben cómo o dónde se originó y pese a las peticiones de información de muchas instancias, nadie sabe nada y todos se echan la bolita. 

Aunque el Gobierno Federal y gobiernos locales insisten en vendernos que las playas están limpias, que hay control institucional y que el derrame está “contenido”, solo hay que caminar un poco fuera de cuadro (como dicen los camarógrafos), para salirse de la imagen oficial y encontrar la realidad: arena negra, olor a petróleo y comunidades completas en la incertidumbre. 

Según Associated Press, en marzo se detectó el derrame en Pajapan, Veracruz, se extendió a más de 600 km de costas, y ha afectado de forma grave otras zonas de Veracruz, Tabasco y del Golfo de México. Esta extensión de terreno abarca ecosistemas clave como el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo, donde muchas especies marinas se han visto severamente afectadas. 

Pese a lo anterior la narrativa oficial prefiere minimizar, las autoridades dicen que no hay “daño severo”, y que las playas están listas para recibir vacacionistas, mientras que las organizaciones ambientales denuncian daños extendidos y persistentes. 

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y otras organizaciones ambientalistas han denunciado que el chapopote ha llegado a por lo menos 39 comunidades de Veracruz y Tabasco; no se trata de manchas aisladas, se han documentado más de 60 puntos con presencia de chapopote, fauna muerta y comunidades pesqueras en parálisis total. 

Hay muchas contradicciones. El problema no es solo el petróleo, es también la opacidad, que no hay versión clara, única ni verificable de lo ocurrido. La consecuencia de las ambigüedades será devastadora porque si no hay responsables, no hay reparación; si no hay diagnóstico, no hay solución, y como siempre, son las comunidades, su gente y el medio ambiente los realmente afectados. 

En Veracruz, donde inició el desastre, la respuesta del ejecutivo estatal ha sido, en el mejor de los casos, reactiva; en el peor, complaciente. Mientras nuestros pescadores limpian con sus propias manos las playas para tratar de recuperarse un poco, desde el Palacio de Gobierno acusan que hay un “ataque sistemático”, “campañas orquestadas” o que son “emanaciones naturales”. En fin, así las cosas. 

Hay que recordar que lo que ocurre hoy no es nuevo, no es un accidente aislado. En zonas como Cantarell se han registrado al menos 14 derrames desde 2023, en su mayoría asociados a fallas en la infraestructura petrolera. Lo que vemos hoy en nuestras playas no inició este mes, pero sí se ha vuelto imposible de ocultar. Responsables sí hay, lo que falta es voluntad para investigar hasta las últimas consecuencias y que no quede impune. 

Desde Movimiento Ciudadano, a través de nuestro coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez y el coordinador estatal en Veracruz, Luis Carbonell, hemos exigido que se garantice información pública a las comunidades afectadas sobre el origen del derrame, de los riesgos a la salud y de las acciones que todas las instancias tendrán para atenderlo. Además, han solicitado la reparación del daño, identificación de los responsables y que se apliquen sanciones por el daño ambiental y económico generado. 

Los gobiernos federal y estatal, no deben olvidar que el precio más alto lo pagan las personas y la vida marina. Estar en negación no le sirve a nadie, la pregunta ya no es solo quién responde por el daño sino qué estamos dispuestos a hacer para solucionarlo y evitar repetirlo.

Agustín Torres Delgado

Secretario General de Acuerdos

Movimiento Ciudadano 

© El Heraldo de México