En una democracia, el poder puede tener muchas herramientas para gobernar, pero existe una que nunca debe tener: la capacidad de decidir qué pueden decir los ciudadanos, qué pueden publicar los periodistas y qué información puede llegar a la sociedad. Por eso resulta preocupante la discusión alrededor de los nuevos lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones, una regulación que el Gobierno Federal presenta como un mecanismo para proteger los derechos de las audiencias, pero que abre preguntas mucho más profundas sobre la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación.

Nadie puede estar en contra de proteger a las audiencias. El derecho de réplica, la responsabilidad periodística y la obligación de distinguir entre información y opinión son principios legítimos dentro de cualquier democracia. El problema comienza cuando, detrás de estos conceptos, se construyen facultades ambiguas que pueden permitir que una autoridad administrativa determine qué contenido es verdadero, qué información resulta aceptable o cuándo un medio debe ser sancionado. Porque una cosa es garantizar derechos y otra muy distinta es convertir al gobierno en árbitro de la verdad.

La historia democrática nos ha enseñado que cuando el poder comienza a controlar la información, la libertad empieza a convertirse en una concesión. Y México no puede permitirse........

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