Los asuntos públicos -por su propia condición de interés común- generan opiniones diversas y, en paralelo, construyen conocimiento directo y adyacente. Es decir, la existencia de tales asuntos que interesan a todos determina mucho del comportamiento social alrededor de ellos: para solucionarlos, para conocer sus características y dimensiones. Ahí, tanto las instituciones de investigación/educación como las organizaciones de la sociedad civil -como el caso de los think tanks-, tienen un rol relevante que, en muchas ocasiones, tiene puntos de intersección y comunicación con los gobiernos y las administraciones públicas.

En su clásico ensayo de 1977, Colin S. Gray describía al think tank ideal como una institución situada precisamente entre la universidad y el gobierno. Su función distintiva no era administrar ni producir conocimiento puro, sino articular saberes para resolver problemas complejos que ni la burocracia ni la academia podían abordar por sí solas. Cuatro décadas después, esta tesis conserva plena vigencia: las decisiones públicas de calidad dependen de la capacidad de integrar tres esferas de conocimiento: el práctico-operativo del gobierno, el analítico-crítico del sector académico y el contextual-participativo del sector social.

En muchos momentos históricos, la lógica de los gobiernos, caracterizada por el orden jerárquico y su orientación a resultados inmediatos, determina ciertos comportamientos institucionales. Por ejemplo, las limitaciones para contar con líneas amplias de tiempo para cuestionar si las preguntas que se formulan para resolver problemas públicos son las más apropiadas en todos sus contextos. La academia, por su parte, intenta plantear dichas preguntas y producir análisis que resultan útiles para el decisor público. Sin embargo, no necesariamente se presentan con la celeridad que requiere la toma de decisiones. El sector social -think tanks independientes, organizaciones sociales y expertos no gubernamentales- aporta legitimidad, diversidad de perspectivas y conocimiento. Empero, requieren de innovar estrategias y generar esfuerzos colectivos sólidos para incidir en la agenda pública.

Cuando estos tres sectores operan aislados, el resultado pierde matices, generándose posiciones reactivas, basadas en evidencia parcial, que no tienen el éxito proyectado al implementarse. Cuando se articulan, en cambio, se genera un ciclo virtuoso: el gobierno aporta datos operativos y viabilidad política; la academia ofrece rigor metodológico y prospectiva; el sector social asegura pertinencia social. El producto es sinergia: definiciones más precisas de problemas, alternativas más robustas y evaluaciones más honestas.

México cuenta -desde hace más de 70 años- con una institución diseñada precisamente para ejercer esta función de nodo articulador: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Fundado para profesionalizar la función pública desde la academia, la formación continua, la investigación e investigación aplicada, el INAP es un espacio óptimo para canalizar conocimiento acumulado de sus asociados, de universidades, centros de investigación, think tanks y organizaciones ciudadanas para analizar los procesos de toma de decisiones en temas complejos como la transición energética, la seguridad pública multidimensional, la reforma administrativa digital, la economía en un mundo que está redifiniendo sus reglas constantemente o la gobernanza de los recursos energéticos

El diálogo académico que en ello se genera, facilita la comunicación entre tomadores de decisiones, investigadores y sociedad para mejorar la calidad de las políticas públicas; contribuir a fortalecer la democracia y con ellos aumentar las probabilidades de desarrollo y crecimiento. Si los asuntos públicos se avocan a su carácter público, entonces las interacciones para generar conocimiento deben ser lo más amplías posibles.

Eber Omar Betanzos Torres

Profesor del INAP y de la UNAM 

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