El debido proceso representa en todo el orden de la palabra un derecho fundamental que tiene incidencia en cualquier procedimiento y que es consecuencia de la existencia de un marco normativo que vigila que en una controversia penal, administrativa, disciplinaria o de cualquier otra índole existan mínimos de cumplimiento que garanticen el respeto al Estado de Derecho, el sometimiento de las autoridades involucradas a la ley, para que la evaluación, ya sea de orden punitivo o cualquier otra, permita resolver un litigio, enjuiciar o sancionar a una persona, identificar medidas de reparación, reconociendo parámetros mínimos como la oportunidad en la defensa, la posibilidad de auto adscribirse desde la pluralidad y diversidad, como persona indígena o en condiciones de discapacidad, la presencia de un intérprete en lenguas, la asistencia consular si se trata de una persona extranjera, incluye la comunicación y contacto con el consulado. También exige una defensa legal adecuada que permita en todo momento una salvaguarda oportuna y efectiva. En ese tenor, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todas las personas que persigue también el cumplimiento de otros derechos humanos, pues propicia que bajo la presencia del Estado de Derecho podamos implementar juicios escrutinados por el orden jurídico.

El debido proceso tiene un vínculo indisoluble con la protección judicial y con el recurso judicial efectivo, abarca una amalgama robusta de requerimientos, pues un........

© El Heraldo de México