Con el Partido Acción Nacional (PAN) abriendo el 100% de sus candidaturas a los ciudadanos, la innegable fisura con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista tras el rechazo a la reforma electoral y las fuertes disputas que seguramente ocurrirán por la obligatoria paridad de género, el 2027 será un año de prueba para la coalición gobernante. 

Y es que las elecciones intermedias sin duda van a reconfigurar la cara política del país. Los mexicanos llegarán a los comicios en medio de una extensa cadena de controversias en casi todos los ámbitos: social, político, económico, laboral, educativo; así como en los rubros de seguridad, salud, transporte y agroproducción. 

En dicho proceso la izquierda mexicana deberá demostrar la solidez de su pacto, mismo que hasta ahora ha sido eficaz, pero podría fracturarse en varios estados del país si no logran acordar la distribución de los espacios de poder. 

Cambiarán gobernadores en 17 entidades de la República, de las cuales Morena se jugará 12, el PAN tres, Movimiento Ciudadano una y el Verde Ecologista una. Para ello el PAN se ha decantado por abrir las posibilidades a candidatos ciudadanos. Hasta ahora llevan más de 5 mil registrados. 

Pero también estarán en juego 500 curules de la Cámara de Diputados, seis mil diputaciones estatales y los regidores de mil 78 ayuntamientos, números que servirán para comprobar el nivel de credibilidad que conservan los políticos de la alianza oficialista. 

Otro aspecto determinante es que los resultados del 27 redefinirán no sólo el mapa político de México, sino la hoja de ruta hacia la sucesión presidencial del 2030. La construcción de nuevas estructuras en el sistema partidista y la consolidación de liderazgos decisivos. 

De lado de la oposición, los panistas echaron a andar su estrategia ciudadana. El PRI planifica cómo recuperar algunos estados para reconstruir su competitividad nacional. Movimiento Ciudadano pretende retener el gobierno de Nuevo León, recuperar la mayoría legislativa en Jalisco y buscar la gubernatura de Campeche. 

Por su parte, Morena filtró a sus 17 favoritos para las gubernaturas: Arturo Ávila por Aguascalientes; Ismael Burgueño en Baja California; Milena Quiroga para Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus por Campeche; Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua; Rosi Bayardo en Colima; Félix Salgado Macedonio en Guerrero; Raúl Morón para Michoacán; Héctor Santana en Nayarit; Andrés Mijes por Nuevo León; Santiago Nieto en Querétaro; Gino Segura en Quintana Roo; Rosa Icela Rodríguez en San Luis Potosí; Juan de Dios Gámez para Sinaloa; Lorenia Valles por Sonora; Ana Lilia Rivera en Tlaxcala y Ulises Mejía para Zacatecas. 

Aquí surgen las polémicas pues la lista aún no contempla a los posibles candidatos del Partido Verde ni del Trabajo. Además, está el asunto del veto a las candidaturas de familiares. Con desacuerdos como el del gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien promueve a su excuñada, Verónica Díaz, para sucederlo en el cargo, mientras su hermano, Saúl Monreal, insiste en su derecho constitucional a competir. 

En Guerrero los cuadros locales de Morena apoyan a Salgado Macedonio en contra de la negativa de su dirigencia nacional. Otro punto de quiebre es Chihuahua donde una fracción morenista se inclina por Cruz Pérez Cuéllar y otra respalda a Andrea Chávez. 

Tampoco hay certeza de que los partidos aliados se apeguen a los estatutos de Morena. Por ejemplo, en San Luis Potosí el Verde determinó ir solo a las urnas. Así que en tanto ajustan las reglas, ya se distinguen fisuras internas. 

¿Están en riesgo las lealtades políticas? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar Morena para mantener la cohesión de la alianza? Pero sobre todo, ¿cuál es la percepción de los mexicanos sobre el rumbo del país? ¿Cómo influirá en las urnas la evaluación a su gobierno?

POR WALTER OLIVERA VALLADARES

© El Heraldo de México