Es difícil dimensionar la magnitud del saqueo que generaron los gobiernos del prianismo: los abusos al erario, los negocios particulares y el derroche con el que malgastaron recursos públicos. Después de los múltiples esquemas irregulares que fueron desmantelados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tras la política de austeridad que incluso fue criticada por algunos como “pobreza franciscana”, resulta sorprendente que aún existan reformas clave pendientes para terminar definitivamente con esos privilegios.

Hace unos días, la Presidenta de la República dio a conocer datos contundentes. Mientras millones de mexicanas y mexicanos se jubilan con pensiones que oscilan entre 6 mil y 8 mil pesos mensuales —después de toda una vida de trabajo— existe un grupo de exfuncionarios que recibe entre 100 mil y más de un millón de pesos al mes con cargo directo al erario. No se trata de una exageración retórica, sino de cifras oficiales.

El diagnóstico presentado por la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, exhibe un sistema profundamente desigual. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, una sola persona llega a percibir más de un millón de pesos mensuales, y casi 9 mil 500 extrabajadores reciben entre 100 mil y un millón de pesos.

En Pemex, 144 exempleados de confianza cobran más que la Presidenta en funciones, con un costo adicional de mil 827 millones de pesos al año. En la CFE, 2 mil 199 jubilados del régimen de confianza también superan el ingreso presidencial, lo que implica un gasto adicional de 4 mil 500 millones de pesos anuales. Algunos de estos montos son hasta 140 veces superiores al promedio nacional. Esa cifra, por sí sola, describe un régimen de privilegios que no puede sostenerse en un país que decidió avanzar hacia la austeridad, la justicia social y la igualdad, garantizando un piso mínimo de bienestar.

Conviene precisar algo que la oposición intenta confundir deliberadamente: la reforma anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para terminar con estas pensiones millonarias no afecta a trabajadores sindicalizados ni a derechos adquiridos establecidos en contratos colectivos. No se trata de castigar a quienes dedicaron su vida laboral al servicio público bajo reglas claras. La medida se dirige exclusivamente a altos mandos de confianza -directores, subdirectores y funcionarios de primer nivel- que, en algunos casos, trabajaron pocos años y aseguraron pensiones desproporcionadas de por vida.

La iniciativa que enviará la Presidenta modifica el artículo 127 constitucional para establecer un límite claro: ninguna pensión de altos exfuncionarios podrá exceder 50 por ciento del ingreso del titular del Ejecutivo Federal. Esto implica un tope aproximado de 70 mil pesos mensuales. No es un monto marginal; es un límite razonable que elimina excesos sin desconocer la dignidad del retiro.

El impacto fiscal tampoco es menor. Se estima un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que serán destinados directamente a programas de bienestar. Sin embargo, la discusión de fondo no es únicamente presupuestal, sino ética.

Durante décadas, el Estado mexicano fue capturado por una lógica patrimonialista: ocupar el cargo como vía para blindar privilegios futuros. Esa cultura generó estructuras legales diseñadas para beneficiar a una minoría, mientras la mayoría asumía el costo.

Corregir estas distorsiones no constituye una revancha, sino un acto de responsabilidad pública. Tampoco es un gesto simbólico: implica desmontar un entramado que convirtió el retiro de algunos en una renta vitalicia desproporcionada, financiada por quienes nunca tendrán acceso a algo similar.

Terminar con estos excesos ha sido un eje central de la Cuarta Transformación. Por un lado, envía una señal clara: el servicio público no es una plataforma para asegurar privilegios perpetuos. Por otro, permite fortalecer el apoyo directo a las familias que más lo necesitan. Nunca más un gobierno al servicio de unos cuantos.

POR CAMILA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena

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