Los buques corsarios eran navíos que contaban con una Patente de Corso, documento oficial del Estado que permitía atacar a barcos y puertos enemigos. Los botines eran compartidos con el Estado.

En su redacción original, el artículo 89, fracción IX de la Constitución contemplaba la facultad presidencial de: “conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso”. Esto generaba varios beneficios: disponer de una armada sin invertir en barcos, tripulantes o armamento; tener derecho a parte de las ganancias; o poder alegar que las acciones de los corsarios con países que no estaban en guerra, pero que se les quería hostigar, eran obra de piratas.

En 1966 se eliminaron las patentes de corso de la Constitución, y sería hasta 2018 cuando se eliminó toda mención del corso del resto de la legislación mexicana. Empero, una forma distorsionada de las patentes de corso recorre México desde hace décadas: la patente pasó del mar a la tierra, y el Estado fue suplantado por funcionarios coludidos con criminales.

La complacencia entre autoridades y delincuentes no es un fenómeno nuevo. El Coronel Esteban Cantú, quien gobernó el Distrito Norte de la Baja California entre 1915 y 1920, permitió actividades ilegales y las gravó con un impuesto de patente a fábricas de opio. Con esos recursos ‘moralizaba’ el vicio con la creación de obra pública y escuelas.

Más de cien años después, la relación entre funcionarios y delincuentes ha provocado un crecimiento exponencial del crimen organizado. Sobran ejemplos de personajes de los tres órdenes de gobierno que permitieron y, seguramente, aún permiten que grupos delincuenciales operen con el beneplácito de las autoridades para repartirse botines privados. Sí: García Luna. Pero también Veytia y Bermúdez o los detenidos en la Operación Enjambre del secretario García Harfuch.

Es una buena noticia que la presidenta Sheinbaum haya pasado la página de una estrategia de seguridad que, durante seis años, hizo de la vista gorda frente a la delincuencia. La caída de uno de los líderes más importantes de los cárteles mexicanos es un golpe duro a su estructura y organización. Pero eso no resuelve el problema.

Igual de importante será profundizar en la ruptura de acuerdos entre los corsarios modernos del crimen y representantes indignos del poder público. Esos que, faltando a su deber de Estado, dan su anuencia para perseguir el botín a costa de los ciudadanos, su patrimonio y las empresas. Ir por los liderazgos y las redes de corrupción que los sostienen es una misión dura, pero firme, para nuestra presidenta. Ojalá lo consiga.  

CUMULONIMBUS. “Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones?”, San Agustín. 

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