Los buques corsarios eran navíos que contaban con una Patente de Corso, documento oficial del Estado que permitía atacar a barcos y puertos enemigos. Los botines eran compartidos con el Estado.

En su redacción original, el artículo 89, fracción IX de la Constitución contemplaba la facultad presidencial de: “conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso”. Esto generaba varios beneficios: disponer de una armada sin invertir en barcos, tripulantes o armamento; tener derecho a parte de las ganancias; o poder alegar que las acciones de los corsarios con países que no estaban en guerra, pero que se les quería hostigar, eran obra de piratas.

En 1966........

© El Heraldo de México