La tensión entre el gobierno de Samuel García en Nuevo León y el sector productivo sigue escalando. Lo que comenzó como un debate sobre el llamado “impuesto verde” y la política ambiental, hoy se traduce en un clima de desconfianza que preocupa a empresarios y trabajadores por igual.

El caso más reciente lo protagoniza Matrimar, empresa del sector de construcción, de los hermanos José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez, que denunció la llegada de autoridades estatales en plena madrugada con la intención de clausurar sus instalaciones. La visita, según la compañía, ocurrió después de negarse a un nuevo intento de exigir pagos extraordinarios fuera de los canales legales.

Más allá de lo denunciado por esta pedrera, que de comprobarse sería gravísimo, pues estamos hablando de más de 500 familias que dependen de la operación de la misma, lo que preocupa es la creciente percepción de que las inspecciones ambientales y administrativas están dejando de ser instrumentos técnicos para convertirse en mecanismos de presión.

El problema no es que el gobierno supervise. Debe hacerlo. La regulación ambiental es necesaria, especialmente en un estado con graves problemas de calidad del aire. Pero cuando las visitas se realizan en horarios atípicos, las sanciones parecen discrecionales y los criterios cambian según el momento, la política pública deja de ser política y se convierte en incertidumbre.

En meses recientes, distintas cámaras empresariales han advertido sobre multas elevadas, inspecciones recurrentes y condicionamientos informales que elevan los costos de operación. El resultado ya se refleja en los números: desaceleración en la inversión privada, proyectos detenidos y empresas que reconsideran sus planes de expansión.

Nuevo León construyó su liderazgo económico sobre certeza jurídica, reglas claras y colaboración público-privada. Ese modelo hoy muestra fisuras. El riesgo es doble. Por un lado, se debilita la confianza del sector productivo. Por el otro, se desvirtúa la política ambiental, que termina percibiéndose como una herramienta recaudatoria o de control, en lugar de una estrategia seria para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire.

La transición hacia una economía más limpia no puede hacerse a base de presión selectiva ni de operativos espectaculares. Requiere planeación, transparencia y reglas que se apliquen igual para todos. Si el objetivo es cuidar el medio ambiente, las inspecciones deben ser técnicas. Si el objetivo es recaudar o disciplinar, el costo lo pagará la economía del estado.

Y no solo en Nuevo León, en cualquier estado cuando se pierde la confianza, no solo se detienen las inversiones. También se frena el crecimiento.

Nuevo libro del TEPJF

Entre la Constitución y la Campaña Mediática, coordinado por el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, defiende la constitucionalidad de la asignación de diputaciones plurinominales en 2024, basada en el artículo 54 constitucional y precedentes firmes desde 2009. Se explica que la sentencia del TEPJF aplicó reglas claras fijadas por el INE sin impugnaciones en 2023; alterarlas postelectoral habría sido fraude a la ley.

Recordó que quienes tuvieron resultados adversos lanzaron una campaña mediática e intentaron presionar al Tribunal para que ignorará criterios consolidados. La obra busca desmontar con rigor esas narrativas de inconstitucionalidad y reiterar que los jueces aplican la Constitución sin ceder a presiones políticas; una obra de calidad para el debate electoral mexicano.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

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