Las autoridades de Estados Unidos, durante la actual administración de Donald Trump, encontraron indicios de que Mauricio Quintanilla, accionista de Grupo TUM (Transportes Unidos Mexicanos), habría participado en movimientos financieros inusuales a través de CiBanco, institución señalada por la FinCEN, encabezada por Andrea Gacki, por presuntamente recibir y manejar recursos vinculados con organizaciones criminales que operan en México y otros países.

Las alertas surgieron cuando la FinCEN detectó cerca de 400 empresas con operaciones sospechosas relacionadas con cárteles mexicanos y con diversas instituciones financieras. Ante ello, autoridades mexicanas iniciaron revisiones para desarticular posibles redes de corrupción financiera.

Desde la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Omar Reyes Colmenares, se desplegaron acciones para garantizar la estabilidad operativa y la seguridad de los clientes de CiBanco, Intercam y Vector. En ese proceso, sin embargo, se detectaron movimientos millonarios inusuales que habrían impulsado el patrimonio de Quintanilla de forma inexplicable.

El escándalo alcanzó rápidamente a Grupo TUM, que se vio obligada a emitir un comunicado para intentar deslindarse del empresario. La compañía sostuvo que Quintanilla solo es accionista y que no ejerce funciones administrativas ni directivas.

“El vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial -el cual no representa una mayoría accionaria del grupo”, señaló la empresa. La aclaración, lejos de cerrar el tema, despertó mayor atención entre autoridades estadounidenses, que además localizaron denuncias en el sistema judicial relacionadas con posibles fraudes vinculados con la familia Quintanilla. Los escándalos apenas comenzaban para Grupo TUM.

Para finales de 2025, las agencias estadounidenses intensificaron las indagatorias contra Mauricio Quintanilla, particularmente después de que se detectara que residía de manera irregular en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo en noviembre pasado y por lo que se sabe, su audiencia de deportación está programada para el próximo 10 de mayo.

De manera paralela, tanto la FinCEN como otras autoridades mexicanas encargadas de prevenir el lavado de dinero analizan ampliar las investigaciones hacia las empresas del grupo y hacia otros integrantes de la familia Quintanilla. El caso escaló a tal nivel que al empresario se le impuso el uso de un brazalete electrónico de localización, mientras se revisa a detalle el origen y la estructura de su patrimonio personal y empresarial.

Vale la pena subrayar que en el sector logístico también se observa con atención la llegada a DHL de dos excolaboradores de Grupo TUM, como Alejandro Echeverri y Óscar Trejo. Pues de acuerdo con varios actores de la industria, ambos perfiles cargan con señalamientos por prácticas cuestionables en su trato con proveedores durante su paso por TUM, lo que ha encendido alertas sobre la posible réplica de estos métodos ahora bajo nuevas siglas.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

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