Un dato que encendió las alertas en la industria automotriz y pasó casi de largo en la conversación pública fue el despido de mil 900 trabajadores en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila, a finales de enero. Aunque la versión oficial habló de una menor demanda de vehículos eléctricos, para la Confederación de Trabajadores de México en el estado, el origen del ajuste tiene relación con el endurecimiento de la política arancelaria de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Y es que fabricar un auto o una camioneta implica acero, componentes y cadenas de suministro hoy presionadas por aranceles de hasta 100% al acero, más un 25% aplicado a los vehículos. Esa combinación elevó costos de manera abrupta y terminó por empujar decisiones que las armadoras prefieren ejecutar en silencio. La preocupación, además, no se limita a un solo nombre. Empresas con fuerte presencia en la región y relación sindical activa, como Ford y Stellantis, aparecen en el radar de una dinámica que se repite: ajustes graduales, bajo perfil y con efectos acumulativos. No es casualidad que el fenómeno tenga como epicentro a Coahuila, donde se concentra el clúster automotriz más importante del país.

Ahí, el impacto comienza a tomar forma de avalancha. Antes de que........

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