Hay fechas que no son pasado, son una advertencia. Hace 50 años, el 24 de marzo de 1976, Argentina dejó de ser una democracia para convertirse en un laboratorio del horror. La junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, inauguró el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Terminó el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia, pero lo que ocurrió en esos años no terminó con su llegada a la Casa Rosada, sigue latiendo en la memoria, en la disputa por el sentido y en la urgencia de no repetirlo. 

La cifra de los desaparecidos es, hasta hoy, un campo de batalla. Los organismos de derechos humanos hablan de 30 mil, pero el informe oficial documentó solo 8 mil 961 casos, dejando claro que se trataba de la disputa narrativa. Más de 340 centros clandestinos de detención -como la ESMA-, funcionaron como engranajes de una maquinaria sistemática. Alrededor de 500 bebés fueron robados. No son números, son ausencias de personas que siguen produciendo presente. 

Sin embargo, el dato más brutal no es cuantitativo, es lingüístico. “Desaparecido” no es una palabra inocente. Es un dispositivo de poder que la dictadura usó para evitar a toda costa llamarlos “asesinatos” porque nombrar es asumir responsabilidad. “Desaparecido” es un eufemismo que diluye la culpa, una ambigüedad que impide probar el crimen, una trampa psicológica que congela el duelo. El propio Videla lo dijo con crudeza: no están ni vivos ni muertos. Eso es psicopolítica en estado puro, controlar el lenguaje para controlar lo que la sociedad puede pensar, sentir y exigir. 

Frente a esa operación, surgió una contranarrativa poderosa. Las Madres de Plaza de Mayo irrumpieron en el espacio público con una pregunta simple y devastadora: “¿Dónde están?”. Convirtieron la Plaza de Mayo en un escenario de memoria viva. Luego, las Abuelas de Plaza de Mayo añadieron otra dimensión: la restitución de identidad de los bebés robados. Ahí el lenguaje cambió: ya no eran “subversivos”, eran hijos, hijas, nombres propios. La resistencia se renombró para devolver la existencia. 

En 1984, el informe Nunca Más fijó una verdad democrática; en 1985, el Juicio a las Juntas marcó un precedente histórico. Aunque vinieron retrocesos, la memoria encontró caminos para reabrirse. Porque la memoria no es archivo: es disputa permanente. Y aquí es donde Argentina deja de ser lejana. México también está lleno de “desaparecidos”. La palabra persiste, y con ella, el riesgo. ¿Cuántas veces se diluye la responsabilidad en la burocracia? ¿Cuántas familias viven atrapadas entre la esperanza y la incertidumbre? La diferencia es el contexto, pero no el dolor. Aquí no hubo una junta militar, pero sí hay una violencia que, a veces, también se nombra para esconderse. 

Así, Argentina nos enseñó algo fundamental: la memoria es un acto político. El peligro no es solo la desaparición física, sino la desaparición narrativa. Cuando normalizamos la palabra, cuando dejamos de preguntar, cuando las cifras se vuelven rutina, comienza el olvido. Y el olvido es el terreno más fértil para la repetición. Nombrar correctamente es resistir. Decir 30 mil  no es solo contar, es significar. Preguntar “¿dónde están?” no es retórica, es justicia en marcha. Porque hay lecciones que se escriben con ausencia. Y esas no se pueden olvidar. Nunca más.

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